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  NACIONALES  28 de septiembre de 2017
Una ofensiva con costo para Macri.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tratará la situación de los derechos laborales en Argentina. Llamó a una audiencia para el 24 de octubre a un conjunto de organizaciones que denunciaron distintos atropellos del Gobierno.
La CIDH convocó al Gobierno a dar explicaciones por la avanzada contra trabajadores y jueces laborales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió poner bajo la lupa como tema de alta preocupación la situación de los derechos laborales en Argentina y convocó a una audiencia para el 24 de octubre a un conjunto de organizaciones sindicales, de abogados y de derechos humanos que denunciaron la vulneración de esos derechos en distintos planos y hechos durante el gobierno de Mauricio Macri. La lista incluye: ataques y criminalización de sindicatos, pedidos de juicio político contra jueces del fuero laboral cuyos fallos contradicen las expectativas del Gobierno, la desacreditación pública –incluso en boca del Presidente– de la actividad de los abogados laboralistas equiparada con un “mafia”, así como la demonización de la actividad de ese fuero de la Justicia como si de allí emergieran las razones del desempleo creciente. La citación apareció ayer en el calendario oficial del organismo internacional. El día anterior hay una audiencia con las centrales sindicales de Brasil, por la reforma laboral despiadada que se implementa en ese país (y se teme que sea imitada acá) y la tercerización.

Uno de los disparadores de la denuncia presentada a mitad de año fue, como consecuencia de la discusión por los salarios docentes y las medidas de fuerza que se sucedieron, el ataque dirigido a la figura de Roberto Baradel, el titular del Suteba –gremio de los docentes bonaerenses–, con informaciones difamatorias en medio de la pelea paritaria y la amenaza de quitarle la personaría al sindicato. Hubo un pedido concreto en ese sentido del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires a la cartera nacional, que al final no se concretó cuando se calmaron las aguas por el aumento. Y a lo largo del año se fueron sucediendo otros casos que los denunciantes relación con una política persecutoria, como por ejemplo la suspensión del proceso electoral del sindicato de los azucareros de Jujuy (del Ingenio Ledesma), la intervención de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza y, en otros casos, la criminalización de la protesta gremial como en Tierra del Fuego, donde miembros del Sindicato Unico de Docentes (Sutef) fueron condenados y despojados de la tutela sindical (lo que los expone al despido). A esa lista se podrían agregar otros casos que no entraron en la denuncia, pero que siguen un patrón similar, como la intervención al Sindicato de los Canillitas y el desplazamiento de su secretario General, Omar Plaini, por decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, decisión luego revocada por la Cámara Federal.

Entre las organizaciones que hicieron la presentación inicial y que están convocadas para el 24 de octubre figuran la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la CTA Autónoma, la Ctera, Suteba, la Asociación Bancaria (de la CGT), Conadu (docentes universitarios), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Asociación Civil Corriente Laboralista 7 de Julio, el Centro        de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). La lista sigue. Aparte hizo una presentación que luego se unificó la Asociación de Abogados Laboralistas. El tema de la audiencia está sintetizado en este título: “Debilitamiento de los mecanismos de protección de trabajadores y de sindicatos”. Lo que estaría en juego, a través de mecanismos de descrédito y persecución de abogados, jueces y representaciones sindicales, son los derechos laborales, que son derechos humanos y por eso atañen al a CIDH. Esto ocurre, plantean los “peticionarios”, además, en un contexto de aumento de la desocupación y cada vez menor participación de los trabajadores en las ganancias.

Como uno de los puntos claves se refiere a la apertura de investigaciones con pedido de juicio político contra jueces del fuero laboral, se prevé que estén presentes algunos de los denunciados para que relaten lo sucedido. Irá una delegación de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, cuyo presidente, Luis Raffaghelli, es uno de los que tienen causas abiertas en el Consejo de la Magistratura.

  • Raffaghelli tuvo un pedido de jury presentado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) al igual que su colega Diana Cañal, por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la reincorporación de nueve trabajadores de la Afsca (Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual), ya que consideró que habían sido despedidos por razones discriminatorias y por estar enrolados en una agrupación política.
  • También el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo denunció y pidió la remoción de los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que habían convalidado la paritaria bancaria del 24 por ciento e intimado al cumplimiento de ese acuerdo salarial, que superaba el techo de 20 por ciento que proyectaba el Poder Ejecutivo. La cartera de Jorge Triaca pidió medidas insólitas sobre los jueces, como que les revisen su Facebook para ver sus opiniones personales. Estas causas contra camaristas del fuero laboral siguen abiertas.
  • Se suma el hostigamiento a la jueza de primera instancia, Dora Temis, que ordenó convocar a la paritaria docente obviada por el Gobierno. Los funcionarios, Triaca a la cabeza, la catalogaban de “kirchnerista”, la denostaron públicamente sin dar fundamentos y la recusaron con ferocidad, porque no aceptaban su decisión.

Las distintas entidades de abogados hacen hincapié en una serie de expresiones, algunas pronunciadas por el presidente Macri, referidas a la Justicia laboral y a los abogados y abogadas laboralistas. Como el día que dijo que “hay que enfrentar y terminar” con “la mafia de los juicios laborales” porque “eso destruye la generación de empleo futuro”. En ese discurso, del 12 de junio, por ejemplo, hablaba de abogados y jueces que ligó con Héctor Recalde. Unos días antes había hablado en el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo (el que avaló golpes de Estado) donde dijo que quería nombrar nuevos jueces laborales para atraer inversiones y mencionó a quienes considera “malos jueces” con nombre y apellido, como Arias Gibert y Marino, porque sus decisiones no le agradaron. Y reiteró el latiguillo de “la mafia de los juicios laborales” a fin del mismo mes en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En la audiencia tendrán la posibilidad de exponer las organizaciones y deberán presentarse representantes del Estado argentino. Al pegarla, un día después, al caso de Brasil por la flexibilización laboral salvaje, la CIDH enfoca una amenaza regional. 



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