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  NACIONALES  17 de abril de 2018
Procesaron a un importante ex funcionario del gobierno de Macri.
La denuncia la realizó la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), al considerar que Ramos se negó a sancionar a Farmacity por ser una empresa de un amigo de Macri.

El juez federal Sebastián Ramos procesó por abuso de autoridad a un ex alto funcionario del Ministerio de Salud por la supuesta protección que le habría brindado a Farmacity, la empresa que fundó y presidió hasta 2015 el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Se trata de Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud, quien fue denunciado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), al considerar que demoró y se negó a sancionar a Farmacity por violar regulaciones del sector.

La imputación concreta fue dictar tardíamente resoluciones de tipo sancionatorias en distintos expedientes contra la empresa . “Se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación” sostuvo el juez en la resolución.

 

El procesamiento sin prisión preventiva y con un embargo de 2000 pesos fue dictado por el juez federal Ramos, en la denuncia impulsada en su momento por la fiscal Paloma Ochoa.

La denuncia fue realizada por la Confederación Farmacéutica Argentina con la firma de la presidenta de la entidad, María Isabel Reinoso, en base a la parálisis de un expediente administrativo que se había abierto en julio de 2014, tras una inspección a un local de Farmacity, en la avenida Córdoba 1861.

En esa inspección se había detectado “un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional y emplear un libro recetario sin rúbrica ni habilitación”. Luego, la denunciante amplió la presentación destacándose que se habrían dispuesto “reservas” de otros sumarios instruidos contra Farmaciy.

En 2015 la Dirección de Sumarios del Departamento de Faltas Sanitarias emitió su informe 70/15. Allí indicó que correspondía aplicarle dos multas por un total de $60.500, que se sumaban a otras multas en trámite contra Farmacity en otros expedientes.

Con la llegada de Macri al gobierno, el expediente sancionatorio siguió su curso. En febrero de 2017, la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización envió al funcionario Ramos el proyecto de resolución para sancionar a Farmacity. Ramos fue designado en el cargo e 21 de febrero de 2017 .

"Desde entonces, durante casi dos meses no se produjeron novedades. No se dictó la resolución propiciada ni ninguna otra", denunció la COFA. Pero el 5 de abril se presentó una apoderada de Farmacity en el expediente, para lo cual aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como presidente de la empresa. Farmacity pidió que no la sancionaran o que, de aplicarle alguna multa, al menos procedieran a la "eximición de las tablas de rigor" y le impusieran un monto más benévolo.

En mayo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio reafirmó su posición de sancionar a Farmacity. Pero el expediente volvió a paralizarse. El 18 de julio, en vez de firmar una sanción contra Farmacity, Ramos devolvió el expediente para su archivo o guarda. Según la denunciante COFA, "a una especie de «vía muerta»".

Para el juez, “la responsabilidad primaria se encontraba en cabeza del funcionario Ramos y con el ello el deber de dictar el acto administrativo en los sumarios que habían tenido trámite en los órganos inferiores que intervinieron”.



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