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  PROVINCIALES  16 de mayo de 2018
Protocolo antipiquetes: Queremos compatibilizar el derecho a reclamar y a circular, dijo Peppo.
El gobernador Domingo Peppo respaldó el proyecto de ley que propone un protocolo de actuación de la policía durante las manifestaciones sociales. “Queremos establecer un mecanismo para compatibilizar las dos cosas: por un lado el derecho a reclamar y por otro, el derecho a circular libremente”, expresó el mandatario.

El gobernador Domingo Peppo envío a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para establecer un protocolo de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. “Queremos establecer un mecanismo para compatibilizar las dos cosas: por un lado el derecho a reclamar y por otro, el derecho a circular libremente”, expresó el mandatario.

La propuesta del Ejecutivo propone la modificación de la Ley N° 2-399-J, reafirmando los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos. Surge de la necesidad de disponer de una norma de rango legal a la que puedan adherir los municipios y que se establezca un marco preciso para las órdenes y la intervención del Poder Judicial en estos contextos.

Asimismo se sostiene que la normativa de regularización de las manifestaciones públicas debe ser conforme al derecho a la libertad de expresión, de reunión o el ejercicio de la libertad de prensa, y compatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y que la intervención del Estado debe ser en el marco de la convivencia social y del ejercicio armónico de los derechos constitucionales fundamentales, a fin de contener los reclamos sociales y de propiciar un ejercicio democrático de los derechos de todos los ciudadanos.

 

Garantizar la paz social

“El proyecto lleva como espíritu que el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y las propias organizaciones sociales, tengan ámbitos de atención a las demandas para evitar cortes de calles o de rutas”, explicó el ministro de Gobierno Martín Nievas, quien participó de la firma del proyecto junto al ministro de Seguridad Carlos Barsesa y la subsecretaria de Legal y Técnica Jessica Ayala.

Nievas destacó que el mandatario provincial “atiende una requisitoria de la ciudadanía que es la de circular libremente y por otro lado, la de sectores que expresan sus reclamos. La idea es garantizar la paz social en la provincia y que la gente pueda transitar libremente y no tener que soportar largos cortes de circulación que provocan perjuicio no solamente a la población si no también generan inconvenientes desde el punto de vista económico”.

Por otro lado, Barsesa destacó que el proyecto presentado permite la concentración y ubicación de las personas que formen parte de la movilización, en una plaza pública o espacio determinado, y así puedan converger en un punto en común el ejercicio lícito de los derechos por parte de todos los ciudadanos. “Es importante atender los reclamos sociales y proteger el ejercicio armónico de los derechos constitucionales, por lo que es necesario que todos los poderes y sectores se involucren, tanto el Poder Ejecutivo como así también, el Poder Legislativo y especialmente el Poder Judicial tanto federal como provincial, a fin de garantizar la democracia”.

Así, explicó que la iniciativa busca establecer un procedimiento de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas programadas como en manifestaciones espontáneas. Dispone que se comunique la situación en forma inmediata a las autoridades competentes del Gobierno Provincial, y que se establezca un espacio de negociaciones para cesar el corte, notificando al Poder Judicial.

Una vez recepcionados los reclamos se deberá dar aviso al responsable del área correspondiente, quien deberá dar a conocer las respuestas de la petición a los manifestantes. Y al haber sido escuchado en sus peticiones, sin perjuicio del resultado de las mismas, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a los manifestantes que desistan de cortar las vías de circulación de tránsito, quienes deberán retirarse y ubicarse en la zona determinada por la autoridad local para ejercer sus derechos constitucionales.



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