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  JUDICIALES  6 de junio de 2018
Denuncian una intervención encubierta a la FIA para consagrar impunidad.
A través de un documento, el titular del Centro Nelson Mandela, Rolando Núñez, denunció que, en un acto plagado de irregularidades, el Frente Chaco Merece Más y Cambiemos se repartieron los cargos provisorios de fiscal general y fiscal general adjunto en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para garantizar impunidad.

El bipartidismo, hegemónico y dominante en Chaco, gestiona y maneja a su antojo el sistema democrático y republicano de gobierno. Desde hace décadas provoca profundos daños a la comunidad, no solo a través de la corrupción. Ahora acordaron repartirse la conducción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que luego de varios años había comenzado a dar señales de trabajar y cumplir con las funciones para la que fuera creada por la Constitución.

A una señal, propia del truco, tirios y troyanos se pusieron nuevamente a las andadas, esta vez para intervenir desembozadamente aquel organismo de control de los poderes del Estado porque comenzaron a investigar casos de corrupción en vastos sectores de Gobierno. Para lograrlo recurrieron a un argumento absolutamente falso. Trataron de justificar la tramposa arremetida legislativa señalando que la FIA se encontraba acéfala, lo que no era ni es cierto. Con esa finalidad, el 16 de mayo pasado sancionaron la Ley 2818-A, estableciendo que en caso de vacancia definitiva del Fiscal General y Adjunto la Cámara de Diputados designará a tales funcionarios de manera provisoria. El mismo día 16 de mayo, a través del burdo procedimiento que dio origen a la Resolución 876, designaron a Gustavo Santiago Leguizamón como Fiscal General y a Margarita Beatriz Beveraggi para que se desempeñe como Fiscal Adjunta.

Esta situación, absolutamente irregular tuvo muy poca o nula trascendencia institucional y mediática. Tal vez estuvieron concentrados en seguir a los escándalos de corrupción que investiga la Justicia Federal, que cada vez son más resonantes.

 

El movimiento desplegado por el bipartidista Frente Chaco Merece Más y Cambiemos ha repetido su modus operandi, que quedó en evidencia cuando se designaran a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Consejo de la Magistratura, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de los Directorios de las empresas de capitales mayoritarios estatales, como también en la Fiduciaria del Norte S.A., solamente para citar algunos organismos del sistema de reparto del bipartidismo.

La FIA funcional

Esto no quita que la FIA viene de un proceso muy poco útil e inoportuno para investigar en tiempo real y con efectividad los actos de corrupción en el Sector Público o en la variante funcional de investigaciones inconclusas o paralizadas, que cuando finalizaron cayeron en el mundo burocrático de las notificaciones y de los archivos, de modo tal que los autores y responsables no fueron sancionados ni se recuperaron los fondos públicos malversados. Es lo que ahora empieza a conocerse con la fórmula de impunidad garantizada. Todo esto ocurrió, con escasas excepciones, durante la gestión de Fernando Kassor y continuó con Heitor Lago, aunque se extendió también bajo la conducción de Susana Esper Méndez, en distinto grado y medida. Cada tanto acertaron, aunque pocas veces.

Cuando se jubiló Kassor la Alianza Frente de Todos impuso su mayoría para designar al abogado y correligionario radical Héctor Miró, hasta ese momento asesor general de la Gobernación de Roy Nikisch. El sistema de pesos políticos se impuso desde entonces con el fin de someter a la FIA a las decisiones de los gobernantes de turno. La designación de Lago en 2012 obtuvo apoyo del oficialismo y de una parte del radicalismo. Lo nuevo vino después, cuando en octubre de 2016 se jubiló el fiscal Lago. En el plazo de 60 días debía iniciarse un concurso de antecedentes y oposición para elegir a su reemplazante. Mientras tanto, la FIA continuó funcionando bajo la conducción de las autoridades interinas, conforme las pautas establecidas por la ley orgánica. La moderada independencia de la fiscal Susana Esper Méndez, y especialmente de Dugaldo Ferreyra, movió al bipartidismo a lanzar -con la velocidad de un rayo pero en silencio insuficiente- un fulminante descabezamiento que devolvió el organismo a los carriles del sometimiento de los órganos de control a las gestiones políticas, que es lo mismo que decir al beneficio de la impunidad.

La intervención de FIA y la basura

Dos empleados de la misma Fiscalía fueron irregularmente designados como fiscales. Como nuevo titular apareció Gustavo Santiago Leguizamón y como adjunta Margarita Beveraggi, en una suerte de equilibrio bipartidista. Es imposible no relacionar estas designaciones con los tiempos de sacudones que vive la política y que tiene a los principales dirigentes de los partidos políticos en el ruedo judicial, salpicados por la mancha de la corrupción que durante años viene multiplicándose prácticamente en todos los estamentos públicos, que ahora parcialmente emerge a la superficie como una ballena enferma de la cual nadie se quiere hacer cargo.

Esto no significa, de manera alguna, que el organismo estuviera funcionando bien ni que la ausencia de cambios hubiera motorizado el empuje de investigaciones antiguas y perezosas. La FIA, por el contrario, venía siendo utilizada por la política para enjuagar las conciencias de aquellos que quisieran formalizar denuncias, pero sin patear el hormiguero que efectivamente desnudara los hechos que en verdad querían ocultar.

Algunas causas avanzaron tras la salida de Lago. Quizás el caso más resonante se esclareció con las conclusiones condenatorias de la fiscal general subrogante, Susana Esper Méndez, quién en su último día de trabajo, antes de iniciar sus vacaciones a la que le seguirá su trámite jubilatorio, se basó en el dictamen de Dugaldo Ferreyra, aunque no en toda su extensión y profundidad. En esa causa investigaron los manejos de fondos nacionales que debían destinarse a la recolección, manejo de las basuras domiciliarias en varios municipios del Chaco y construcción de las Plantas de Residuos, que tuvo como epicentro la causa judicial que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo del Juez Claudio Bonadío, en la que se dispuso los procesamientos del entonces jefe de Gabinete de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, y sus funcionarios dependientes más directos, entre ellos Omar Judis, que ocupara el cargo de Secretario de Ambiente de la Nación y que actualmente es rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, y de Jorge Alcántara, ex fiscal de Estado, que nunca pudo conseguir acuerdo del parlamento provincial, quién se desempeñó como abogado defensor de una de las figuras rutilantes investigadas por la Justicia Federal en la causa conocida como Lavado III.

Cruzados por la corrupción

El fiscal Dugaldo Ferreyra concluyó y denunció ante la Fiscalía Federal de Resistencia los resultados que comprobó sobre el manejo irregular de fondos administrado por el Instituto de Viviendas que debían ser destinados a la construcción de viviendas populares, mayoritariamente realizadas por cooperativas, que dio origen a la causa Lavado III en la Justicia Federal, la primera que podría vincular al actual gobernador Domingo Peppo por ser el presidente del IPDUV en el período 2012/2015.

Antes de la intervención encubierta y el descabezamiento de la FIA algunos funcionarios de ese organismo aportaron ante la justicia federal para desnudar la corrupción que como flagelo descontrolado se instaló en prácticamente todos los sectores del Estado chaqueño de la mano de la alternancia del bipartidismo, aunque los grandes y directos responsables fueron los oficialismos de turno y las oposiciones complacientes. Se cuidaron las espaldas, salvo la excepción de unos pocos diputados.

Esper Méndez, de vacaciones y camino a la jubilación, debía ser reemplazada por el fiscal adjunto Dugaldo Ferreyra hasta tanto el Poder Ejecutivo llamara a concurso para designar al Fiscal titular y cumplir de ese modo con la Ley 6954. Funcionalmente la situación entre ambos funcionarios era de bastante tensión y terminó como era previsible, cruzados en sus posiciones.

Esper Méndez denunció a Ferreyra ante la Legislatura. Lo acusó de haber llevado la investigación sobre el IPDUV y denunciar ante la Fiscalía Federal los posibles hechos de corrupción sin tener facultades para ello, como que los funcionarios públicos no tienen la obligación legal de hacerlo cuando toman conocimiento de posibles delitos, tanto en el orden provincial como federal.

A la denuncia formulada por Esper Méndez le siguió una réplica del propio Ferreyra, que la acusó en la propia Fiscalía de Investigaciones Administrativas y también ante la Cámara de Diputados. Según Ferreyra, cuando en 2016 cesó en su cargo el fiscal Lago, se arrogó tal función Esper Méndez.

En la presentación efectuada ante la FIA Ferreyra denunció que Esper Méndez mantuvo 11 causas paralizadas a pesar de que se habían concluido las investigaciones y que las pruebas acreditaban posibles actos de corrupción. Señaló que dicha funcionaria no dictó las conclusiones ni las medidas que debía haber dispuesto frente a los posibles delitos contra la administración pública, con daños patrimoniales millonarios, entre los que figuraba la famosa denuncia mediática que realizó el entonces gobernador Jorge Capitanich sobre el despilfarro de 500 millones de pesos que -dijo- se desviaban por las distintas canaletas de la corrupción. Para entender la historia reciente no se debe perder de vista que en ese entonces (año 2012) Lago estaba debutando como titular por concurso y acuerdo de ambos bloques parlamentarios.

Entonces, si existía una decena de causas pisadas es razonable preguntarse si la intervención delegada a Gustavo Santiago Leguizamón y Margarita Beveraggi por la Legislatura cambiará o no la rutina de la FIA de evitar pronunciarse en los casos más estridentes y que comprometen a los principales funcionarios y figuras políticas del oficialismo, beneficiado por la ceguera y la sordera de la oposición. Conviene recordar que los partidos políticos se comprometieron institucionalmente con las designaciones y que los nombrados ya son empleados del organismo, o sea parte de la corporación estatal inmersa en un escenario de generalizada corrupción.

Intervención no tan encubierta

El 16 de mayo el Poder Legislativo sancionó la Ley 2818-A a través de la cual incorporó como último párrafo al artículo 3 de la Ley 616-A (de creación de la FIA). Estableció que en caso de vacancia del fiscal general y su adjunto la Legislatura designará provisoriamente a sus reemplazantes, y que asumirán inmediatamente sus funciones ínterin se llame a concurso para cubrir ambos cargos.

El llamado a concurso es un dato más que dudoso que se concrete en el corto plazo si tenemos en cuenta que Lago se jubiló en 2016, y que el proceso de designación debió realizarse en el plazo de 60 días posteriores. Quizás simpaticen con la idea de que es conveniente mantener en cargos de control a funcionarios que son interinos y no gozan de la garantía y estabilidad, como establece la Constitución. Son más débiles y complacientes para mantenerse en los cargos.

Sin embargo, para las designaciones provisorias los Legisladores “trabajaron” con extrema e inesperada velocidad. El mismo día en que se modificó la ley procedieron a la designación de Gustavo Leguizamón como fiscal general y a la doctora Margarita Beveraggi como fiscal adjunto de la FIA. Las designaciones recibieron 28 votos afirmativos y la abstención de los legisladores Daniel Trabalón y Aurelio Díaz. Demostraron ser ágiles y veloces para lograr la intervención encubierta del organismo que investigaba a los funcionarios públicos por posibles actos de corrupción y desvíos de fondos, más evasión tributaria y lavado de activos. Todo un récord de prestancia y agilidad bipartidista para proteger a los posibles corruptos.

La ley ni siquiera había sido promulgada. Sin embargo, designaron a las nuevas autoridades. El instrumento de nombramientos fue fundamentado por el diputado Hugo Sager, uno de los autores, quién argumentó que “habiendo sancionado esta ley de modificación, vamos a proponer dicha designación de manera transitoria”, de una manera muy coherente con su propio desempeño como legislador, quién apuntó que los que serían designados eran personas que “pertenecen a la estructura de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y lo vamos a hacer ad referéndum de la promulgación de la presente ley, designando como fiscal general al Doctor Gustavo Leguizamón y como fiscal adjunto a la doctora Margarita Beveraggi para ocupar el cargo transitoriamente durante el tiempo que demande la convocatoria”, según informó oficialmente la Cámara de Diputados.

El 16 de mayo se sancionó la modificación. Ese mismo día los diputados designaron a los nuevos funcionarios, y al tercer día hábil -el 21 de mayo- la presidente de la Cámara de Diputados, Elida Cuesta, les tomó juramento. Todo un gran despliegue bipartidista, muy impresionante.

Una impugnación oportuna y bien fundamentada

El fiscal adjunto en funciones impugnó las designaciones de Leguizamón y Beveraggi. Advirtió a los entusiastas legisladores del bipartidismo que la FIA contaba con dos Fiscales Adjuntos, Esper Méndez y Ferreyra. Por lo tanto, el organismo no estaba acéfalo como falsamente se consignó en la Ley 2818-A. Se sabe que Ferreyra fue designado por Resolución N° 039 del 15 de noviembre de 2012 de la F.I.A., que fue aprobada por Resolución 2456 de la Cámara de Diputados del Chaco en la sesión especial del 7 de noviembre de ese mismo año. Quien impugnó el procedimiento señaló que “por ende no existe la supuesta vacancia definitiva en esta F.I.A. que hace mención la ley 2818-A para poder designar dos fiscales provisorios (…) Lago se jubiló en el mes de octubre de 2016 y por una razón legal simple nadie puede otorgar o delegar más derechos o facultades que las que confiere la ley”. Resultó claro que Ferreyra tenía razón y que los Diputados sancionaron una ley absolutamente irregular a pesar de que estaban advertidos, por lo que la única suposición posible y razonable es que el bipartidismo nuevamente cerró filas para evitar que un organismo de control cumpla con el rol de investigar la gestión de gobierno, especialmente los actos de corrupción.



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